Hablemos de TV pública

TVN ha estado en la palestra durante las últimas semanas. Primero por las declaraciones del nuevo presidente del Directorio al calor de su nombramiento durante diciembre pasado, que fue leído desde la opinión pública como un premio, dado el rol que jugó Francisco Vidal como vocero oficioso de la opción Rechazo en el último plebiscito Constitucional. Las declaraciones que sacaron ronchas fueron que “TVN es garantía de pluralidad” y que la TV pública tenía el deber de cubrir las “voces institucionales”, tales como la Presidencia de la República, la presidencia del Senado o de la Corte, cuestión que no necesariamente harían los medios privados.

 Con respecto al pluralismo, la paradoja de TVN es que al mismo tiempo que debe autofinanciarse —es decir, recurrir a la inversión publicitaria para la totalidad de sus gastos e inversiones, del mismo modo que los canales comerciales— es el único canal chileno con una misión pública en su marco legal, que se expresa por medio de unos compromisos programáticos. El resultado de esta tensión entre dos principios imposibles es un pan con chicle que en la práctica no es garantía de pluralidad y su oferta televisiva es indistinguible del resto de grandes canales comerciales. Uno de los hallazgos del estudio sobre pluralismo informativo en canales nacionales que realizamos en 2020 fue que TVN no tenía un rol diferenciador en esta materia. La programación por canal alcanzó promedios entre 3,7 y 4,4. El noticiero central de TVN tuvo una nota de 4,5 y el noticiero central de canal 13 un 4,6. En términos de diversidad programática, tampoco se encontró una diferencia relevante con canal 13.

Vayamos ahora al otro punto: lo público y lo institucional. En un artículo publicado en 2011 sostuve que “la televisión pública es un vehículo para la integración social por medio de distintos mecanismos simbólicos que contribuyen a definir lo que constituye el nosotros ‘oficial’ de un país” y eso incluye, por supuesto, a los representantes de las instituciones. Sin embargo, también señalaba que no era imperativo reducir lo público a lo institucional y que una concepción de la ciudadanía como participante activa no sólo en el acceso a la información, sino que también en la emisión era otra manera de concebir el rol diferenciador de un medio público. Así que eso de las voces institucionales está muy bien, pero si lo público se reduce solo a eso, mal vamos.

En estos primeros días de enero TVN ha salido nuevamente a la palestra, siendo cuestionado su rol como co-organizador del Festival de Viña del Mar, el que tendría en su line up 2024 a un cantante que ensalza la llamada “narcocultura”. Al respecto solo cabe volver al primer punto de esta editorial: se espera que TVN sea “más” y “mejor” que los canales privados, pero sin poder utilizar otros mecanismos de financiamiento que no sean los mismos que estos últimos (salvo, con matices, el caso de NTV, que daría para otra conversación). En estas condiciones todo cuestionamiento a las decisiones comerciales debe tener en cuenta estas condiciones estructurales: para TVN el Festival de Viña es una manera de hacer caja, a menos que haya un cambio en la ley.

En el ámbito internacional los temas que preocupan actualmente a las televisiones públicas son otros. Uno de ellos es el de la inteligencia artificial generativa (IAG). Es decir, aquella inteligencia artificial que se dedica a crear contenido nuevo a partir de datos ya existentes. Por ejemplo, crear nuevos audios para la voz de una persona. Los medios públicos están empezando a reconocer el potencial de la IAG para mejorar sus propios procesos y resultados. Pero también están tomando cautelas sobre sus posibles ramificaciones negativas en el ámbito de la veracidad y las múltiples formas que puede adoptar la desinformación, especialmente en procesos electorales. Sería importante saber si este debate ha llegado a TVN, sobre todo considerando las elecciones municipales de este año en el país.