Retrocesos en el horizonte

Estas últimas semanas distintas noticias aparecidas en los medios de comunicación nos llaman a estar alertas sobre un eventual escenario de retrocesos para los próximos años en materia de políticas de comunicación desde una perspectiva convergente en el país.

Entre los anuncios y acciones realizados por el actual gobierno en sus primeras semanas de instalación y que constituyen objeto de preocupación se encuentran las siguientes:

• Las desacertadas declaraciones de la nueva subsecretaria de Telecomunicaciones, poniendo el foco en “la desregulación de la industria de telecomunicaciones para fomentar la inversión”, sin importar el modo en que esto afecte a la concentración del sector, pues otra de sus declaraciones fue que “con la existencia de 1, 3, 4, 10 actores, para nosotros lo más importante es que sea una industria sana, pujante”, lo cual no deja de ser un contrasentido: ¿cómo podría ser sana una industria si funciona como un oligopolio?.
  
  Al respecto, basta recordar que en 2018 la Corte Suprema dictó un fallo histórico al acoger un recurso de Conadecus contra las empresas Entel, Movistar y Claro por el manejo de la banda 700 MHz (4G). La corte determinó que las empresas actuaron en contra de la libre competencia al acaparar este espectro en unas condiciones que superaban el límite establecido de 60 MHz por operadora y las obligó a desprenderse del espectro excedente.
  
  La sentencia también cuestionó el rol de la Subtel en esta asignación e incluso algunos expertos vieron en este caso un ejemplo claro de captura del Estado por parte de los intereses de las empresas del sector. 

• El retiro desde Contraloría por parte del nuevo gobierno de los decretos N°3 y N°6 para implementar la Ley de Internet como Servicio Público (2024), argumentando una “revisión técnica y regulatoria” por parte de la Subtel. Esta acción frena la obligatoriedad de cobertura en zonas rezagadas y la regulación de cooperativas de telecomunicaciones, dos aspectos fundamentales de esta normativa.
  
  En su momento planteamos nuestras observaciones críticas a las insuficiencias de la ley, pero si ya estos aspectos insuficientes han sido frenados, entonces la idea de Internet como servicio público queda por ahora en un estado meramente declarativo. Es de esperar que esto se destrabe próximamente. 
  
  
• La incorporación en la llamada “ley miscelánea” presentada por el actual gobierno de un artículo que permite la reproducción, adaptación y distribución de obras protegidas por el derecho de autor (textos, imágenes, sonidos) sin necesidad de autorización ni pago a los creadores.
  
  Esto generó reclamos no solo de las sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual como la SCD, sino también de las agrupaciones de dueños de medios de comunicación, como la ANP y ANATEL, abriendo un flanco de conflicto con ambos sectores.
  
  Este artículo ya se había intentado introducir en la legislación a través del proyecto de ley sobre Inteligencia Artificial presentado en 2024 por el gobierno de Gabriel Boric. Pero en su discusión la norma fue modificada y finalmente no se aprobó. Por esta razón, llama la atención la insistencia en volver a incorporarlo dentro de un proyecto de ley popurrí. 

• Por último, nos encontramos con la noticia que el nuevo Ministerio de Hacienda propuso descontinuar el Fondo CNTV para el Presupuesto 2027. Este es un fondo de fomento a la producción audiovisual en Chile desde hace 30 años, el cual asciende a más de 5 mil millones de pesos para este 2026.
  
  Si bien este fondo ya había recibido cuestionamientos de la Dirección de Presupuestos el año pasado por la falta de indicadores de impacto, no es lo mismo cuestionar sus resultados para introducir mejoras y que cumpla de mejor manera su objetivo, que descontinuar una política pública de Estado orientada a promover la diversidad audiovisual en el país, que incluye no solo obras de alcance nacional sino también recursos específicos para proyectos locales, regionales y comunitarios. Es de esperar que la recientemente designada nueva Presidenta del Consejo Nacional de Televisión pueda defender la importancia de esta iniciativa. 

En síntesis, en un escenario ya débil en términos de institucionalidad, legislación y políticas públicas, emergen amenazas claras de involución en términos de la independencia del regulador de telecomunicaciones, del respeto a la propiedad intelectual de creadores en general y comunicadores en particular, de mejoras en el acceso a Internet y de fortalecimiento de la diversidad audiovisual. Este es un aviso para navegantes ante la forma final que adquieran estos anuncios e intenciones del actual gobierno.

Por Chiara Sáez, abril de 2026.