Un mantra recorre el continente. En los espacios de encuentro propiciados por las industrias tecnológicas se escucha una y otra vez la misma frase: la regulación dificulta la innovación. Pero ¿cuál es la genealogía de esta afirmación y su asidero en el contexto latinoamericano?
Su origen se encuentra muy en conexión con el planteamiento de la actual administración estadounidense, que ha emprendido una liberalización de su regulación en el sector ligado a la Inteligencia Artificial, además de señalar a la Unión Europea que sus regulaciones han obstaculizado el progreso tecnológico del viejo continente.
En un artículo reciente titulado “La falsa elección entre regulación digital e innovación”, la académica de la Universidad de Columbia, Anu Bradford, argumenta que si bien Estados Unidos tiene una ventaja competitiva sobre la UE en la industria digital, la brecha tecnológica no se debe a las estrictas regulaciones digitales de esta última.
Bradford ofrece explicaciones alternativas y explora cómo los responsables políticos deberían reevaluar la relación entre regulaciones digitales e innovación. Así, la autora afirma que mientras el modelo estadounidense refleja un compromiso cultural con el concepto de libre mercado y el escepticismo ante la regulación gubernamental, la Unión Europea ha adoptado un modelo regulatorio basado en derechos, en el cual la protección de los derechos fundamentales da forma a su diseño regulatorio.
En este contexto se han dado innovaciones interesantes, precisamente para proteger a las personas usuarias, como es el caso de una aplicación desarrollada por Apple -en respuesta al reglamento de protección de datos de la UE- que permite controlar si las aplicaciones, como Instagram y TikTok, pueden rastrear sus actividades en línea.
En este escenario, el espacio regional latinoamericano presenta algunas particularidades, siendo una de ellas la alianza público – privada en materia de desarrollo tecnológico, por lo que a diferencia del modelo norteamericano basado en capital de riesgo o el europeo basado en los bancos, en nuestra región es más común el subsidio público a iniciativas privadas.
En nuestro contexto hay una presencia importante del Estado y, por lo mismo, los hacedores de políticas deberían tener en consideración una mayor garantía de protección de los ciudadanos y sus derechos, incluso cuando piensen en ellos solo como usuarios o consumidores. Otro elemento importante es el tamaño de nuestros países y la necesidad de regulaciones que se articulen regionalmente, por ejemplo, con respecto a las plataformas digitales.
En este punto, tanto el Acuerdo Marco Avanzado entre Chile y la Unión Europea como la alianza digital UE-LAC, son espacios para profundizar en el conocimiento y transferencia de buenas prácticas regionales a partir de la UE. Recordemos que en su origen esta alianza tenía 3 pilares: conectividad, ciberseguridad y una perspectiva de derechos que permita avanzar en una digitalización que salvaguarde los principios y valores democráticos.
En el caso específico del Acuerdo Marco Avanzado entre Chile y la Unión Europea, este ya se encuentra en fase de aplicación provisional. En su capítulo 5, hay al menos dos artículos que conviene mirar con interés para la discusión de regulaciones venideras a nivel latinoamericano, pero donde Chile puede llevar ventaja en virtud de la relación más estrecha que surge de este acuerdo, a saber: en lo relativo a la cooperación en lo referente al Convenio de la Diversidad Cultural de Unesco en el ámbito audiovisual y la cooperación en torno a la diversidad audiovisual en el contexto de tecnologías emergentes y nuevas tecnologías (artículo 5.7), así como en lo relativo al intercambio de puntos de vista sobre los diferentes aspectos de la Estrategia para el Mercado Único Digital de la Unión Europea, en particular las políticas y la regulación de las comunicaciones electrónicas, el intercambio de puntos de vista sobre la independencia de las autoridades reguladoras encargadas de la política digital, el intercambio de puntos de vista sobre promoción de una Internet libre y abierta y la promoción de las competencias digitales (artículo 5.10).
Es necesario abrir la discusión sobre cómo avanzar de mejor manera en regulaciones que permitan la innovación y el respeto de diversos derechos en el ámbito digital. Pero abrir la discusión de manera seria. En base a evidencia y a la propia realidad tanto regional como nacional y, para eso, los mantras no sirven.
Por: Chiara Sáez, diciembre de 2025.
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