Boletín #3: CMR-23 y las disputas por el espectro radioeléctrico

¡Te invitamos a leer la última edición de nuestro newsletter donde abordamos las disputas por el espectro radioeléctrico, un recurso finito, natural e intangible con una demanda creciente, cuyo futuro estará en discusión en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR), encuentro internacional que comienza este lunes 20 de noviembre en Dubái y que se extenderá hasta mediados de diciembre.

En esta nueva entrega sobre regulación convergente en comunicaciones presentamos el primer episodio del podcast “Por Todos los Medios”, un formato que nos acompañara durante todo el proyecto y que vamos a utilizar para conversar de manera distendida sobre comunicaciones, nuevos medios, regulación y su impacto en la sociedad.

Además, te contamos sobre las distintas actividades en las que l@s investigadores han participado, como el seminario de CNTV sobre los desafíos normativos de la televisión, donde las investigadoras Chiara Sáez y Patricia Peña conversaron sobre el impacto de la convergencia tecnomediática y la regulación en los medios nacionales, experiencias comparadas y la importancia de un enfoque multidisciplinario en las políticas públicas que se formulen; el encuentro para analizar los principales hallazgos del primer reporte de la Comisión Asesora contra la Desinformación, de la cual forma parte Patricia Peña; la cita entre Unesco Santiago y estudiantes de la Universidad de las Américas (UDLA), donde participó el co-investigador Javier García con motivo del “Día Internacional del Acceso a la Información”; y la invitación a Patricia Peña a ser parte del encuentro “Algoritmos, Noticias y Pluralismo en Redes Sociales“, organizado por el Foro Información y Democracia en Uruguay.

Por otra parte, el ayudante de investigación, Jorge Avilés, comparte su columna sobre los nombramientos en organismos autónomos y cómo el poder se concentra en el Ejecutivo y el Senado, donde dentro del diseño institucional de los estados democráticos existe un alto consenso en los beneficios de contar con organismos autónomos que fiscalicen la actuación de entidades gubernamentales o privadas, así como también para regular a industrias específicas y determinados sectores económicos.

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