Conceptos Claves

El acceso a Internet  es considerado desde 2018, por acuerdo y resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas como un derecho humano. También la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableció el derecho de acceso a Internet debe garantizar la conectividad y el acceso universal, ubicuo, equitativo, económicamente accesible y de calidad adecuada, a la infraestructura de Internet y a los servicios de las tecnologías de la información y la comunicación. En particular, se considera que este derecho  permite ejercer y disfrutar del derecho a la libertad de expresión, entre otros. Esto implica que los Estados tienen la responsabilidad de garantizar que el acceso a Internet sea ampliamente disponible, no pudiendo restringir injustificadamente. El acceso a Internet está reconocido como un derecho fundamental por las leyes de varios países, lo que ha implicado por ejemplo considerarlo como un servicio público  (México, Finlandia, España. Colombia, entre otros).

Si bien dentro del audiovisual no se puede regular del mismo modo los canales de TV abierta y las plataformas audiovisuales de internet o los contenidos audiovisuales generados por usuarios en diversas redes sociales digitales, hay sectores que antes no estaban considerados dentro de la regulación nacional, pero en la medida que se van convirtiendo en industrias relevantes, la institucionalidad reguladora también va abordando distintos aspectos de ellas.

Corresponde a diversas situaciones en que una institución reguladora creada para defender intereses generales actúa en favor de ciertos intereses políticos o grupos de interés del sector que está encargada de regular. En casos extremos la captura significa una defensa de intereses privados por medio de agencias de Estado, por medio de estrategias tales como crear barreras de entrada para otros competidores, concesión de privilegios legales, monopolios o influyendo en el proceso legislativo de forma favorable para estos privados.

Se refiere a las primeras discusiones sobre regulación convergente, que se referían a telecomunicaciones y radiodifusión (radio y TV).

Se refiere al estado más reciente de la discusión sobre regulación convergente sobre telecomunicaciones, radiodifusión e internet. 

Desde la doctrina de los derechos humanos se ha prestado especial atención a la libertad de expresión como una piedra angular de la democracia, lo que ha facilitado el desarrollo de estándares internacionales en los que se incluyen aspectos relativos a los medios de comunicación que utilizan este espectro. Los organismos de DDHH han puesto especial énfasis en el pluralismo en el marco del ecosistema mediático, alertando sobre la concentración de medios, la asignación arbitraria y discriminatoria de concesiones o la necesidad de una diversidad de medios de comunicación, públicos, comerciales y comunitarios (CIDH, 2010; CCPR, 2011). El sistema interamericano de DDHH ha profundizado en los criterios democráticos y en la igualdad de oportunidades en la asignación de concesiones, incluyendo recomendaciones respecto de la independencia de los organismos de otorgación, la transparencia de los procedimientos y los criterios de selección. Este debate, sin embargo, no ha alcanzado a las cuestiones de las empresas que controlan las infraestructuras de telecomunicaciones. Al mismo tiempo, un desafío central en las actuales discusiones sobre regulación y libertad de expresión en la era digital está asociado a las características propias de Internet -en tanto tecnología y como red de comunicación interconectada-; y al proceso de convergencia tecnológica que implica que se trate una plataforma en la que, además, se instalan y funcionan medios de comunicación tradicionales.

Término acuñado por Robin Mansell para referirse a situaciones en que las tecnologías y los mercados parecen estar en un camino convergente, pero esto cambia muy rápidamente. Por ejemplo, alguna vez se asumió que agrupar software y hardware digitales en una sola máquina (como en el caso de las primeras computadoras de IBM) era el resultado de la “convergencia”, mientras que hoy en día normalmente se ofrecen por separado.

Desarrollo tecnológico que surge de la reducción de cualquier mensaje a un código binario de 0 y 1. Esto fue posible históricamente a partir del desarrollo de la teoría matemática de la información (Shannon, 1948). Sin embargo, es la masificación de los computadores personales y luego de los móviles, así como de internet entre fines del siglo XX y principios del siglo XXI, lo que hará confluir distintas industrias culturales y la creación de otras nuevas, en un mismo lenguaje de transmisión de datos, presionando necesariamente hacia cambios en la cadena de valor de estas, junto con la creación de nuevos nichos de negocios y bienes transables. Esto demanda nuevas formas de regulación de este fenómeno que es al mismo tiempo social, cultural, comunicacional, tecnológico y económico

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) identifica un proceso de tres fases: reforma legislativa, establecimiento del organismo regulador y convergencia institucional. Este último punto incluye 3 tipos de medidas distintas: integrar funciones regulatorias, concentrar funciones en un ente nuevo que sustituya aquellas previamente dispersas en distintos organismos y garantizar la cooperación en el caso de que se mantengan entes nuevos y antiguos.

Órganos públicos de carácter autónomo, cuya configuración no se realiza mediante voto popular, que cuentan con potestades para regular un determinado ámbito sectorial o enjuiciar las normas o la actuación de autoridades u organismos que han sido elegidos democráticamente. Según Francisco Urbina (2007), el poder atribuido a las instituciones contramayoritarias debe estar sometido a controles y responsabilidades coherentes y configurarse como una competencia tasada en la Constitución y la ley mediante atribuciones que se agotan en el ejercicio independiente de decisiones “técnicas” u objetivas-objetivables. Estas instituciones tienen como función reequilibrar el poder político evitando la “tiranía de las mayorías”, su legitimidad estriba en el despliegue efectivo de su competencia y en los fundamentos de sus decisiones, así como en su composición pluralista.

Es un término amplio que se refiere a las entidades que permiten a las personas conectarse a Internet y transmitir contenido. Existen diferentes tipos de intermediarios, tales como los proveedores de acceso a Internet, los proveedores de servicio de alojamiento en la web, plataformas de redes sociales, así como los motores de búsqueda. Los intermediarios se distinguen de los “productores de contenido” siendo estos últimos aquellas personas u organizaciones que se encargan de la producción de información y su publicación en línea.

La regulación de competencia se relaciona con la prohibición de algunas conductas empresariales, en orden a mantener un equilibrio en el mercado conjugando la libertad de empresa, la libre competencia, el interés colectivo de los consumidores y el interés público, procurando el control y sanción de prácticas y conductas, tales como la colusión de precios y los monopolios. En este contexto, la definición del mercado relevante es un instrumento que se utiliza con frecuencia para comprender el contexto en el que se desarrolla la rivalidad competitiva entre las empresas y, cuando menos, sirve para realizar una primera aproximación a la situación de empresas dominantes dentro de un sector. Históricamente, la promoción y defensa de la competencia ha sido una de las actividades a las que el regulador de telecomunicaciones ha dedicado más tiempo. Sin embargo, la convergencia de medios, telecomunicaciones e internet, añade complejidades a las condiciones para favorecer y asegurar la libre competencia. Los cambios en la cadena de valor de las industrias culturales hacen que ahora exista una interrelación entre factores cuya regulación estaba separada hace poco.

La Constitución es una variable independiente que influye sobre la forma que puede adquirir una institucionalidad reguladora convergente, tanto por las cláusulas transversales y normas sectoriales, como por su ausencia en el marco actual nacional.

Concepto acuñado por Manuel Guerrero y Mireya Márquez para caracterizar el sistema de medios latinoamericano como “un modelo comercial predominantemente liberal cuyas regulaciones y/o procesos de formulación de políticas están sesgados a favor de intereses económicos y políticos específicos y, por lo tanto, cuestionan los supuestos existentes sobre cómo deberían funcionar los medios en mercados aparentemente liberales” (2014: 9).

Principio por el cual las empresas proveedoras de internet, así como los gobiernos, no pueden discriminar el tráfico de datos que transita por la red. Esto les prohíbe cobrar a las y los usuarios una tarifa adicional por el tipo de contenido que consuman (datos, video, audio, juegos, etc), así como no privilegiar los contenidos de ciertas plataformas por sobre otras. En Chile, la Ley de Neutralidad en la Red (Nº 20.453) establece que las empresas proveedoras de Internet mantengan la administración de sus redes, pero la gestión del tráfico no puede ser discriminatoria o atentar contra la libre competencia. Esto quiere decir que no puede usarse para bloquear o interferir el acceso a contenidos y aplicaciones por parte de las y los usuarios.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés). Organismo de cooperación internacional  fundada en 1961 compuesto por 38 estados, ​​ cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. En la OCDE, los representantes de los países miembros se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y colaborar a su desarrollo y al de los países no miembros.

Distintos niveles de obligación para los actores o sectores que son objeto de control legal. La regulación corresponde a obligaciones vinculantes. La corregulación es aquella que favorece una participación conjunta y colaborativa de diferentes organismos y grupos en las reglas de un sector. La autorregulación se entiende como aquella donde los responsables de un ámbito concreto asumen un papel activo y directo en la búsqueda por mejorar sus prácticas, lo que se implementa mediante la incorporación de una serie de instrumentos tales como: códigos, sistemas de reclamaciones, sistemas de asesoría ética, entre otros. 

Es aquél que agrupa todas aquellas agencias cuyas funciones están relacionadas con los sectores que se ven afectados por la convergencia.

Agrupa bajo una sola autoridad todos los sectores regulados y establece políticas transversales. En muchos países en desarrollo se adoptó este esquema para economizar en costos regulatorios. Con frecuencia se agrupan sectores disímiles por razones de economía o de política de gobierno.

Mantiene la actual división de regulación por sectores, pero cada sector se adapta a la convergencia. Requiere de un alto grado de interacción entre reguladores sectoriales.

Espacio de experimentación legal controlado por el regulador para proyectos innovadores todavía no testados, promovidos por entidades reguladas y no reguladas. Originalmente desarrollado en el ámbito de las fintech, pero cada vez más extendido a otras dimensiones de las tecnologías de información y comunicación. 

Que una misma institucionalidad esté a cargo de varias industrias que funcionan convergentemente no quiere decir que se deba regular todas de la misma manera (simetría). Por ejemplo, los contenidos no son un aspecto relevante en la regulación de las telecomunicaciones, pero sí lo son en la TV, como medio que utiliza un recurso escaso. Por tanto, no se pueden regular de la misma manera (asimetría). 

Teoría desarrollada por Daniel C. Hallin y Paolo Mancini (2004). Parte del supuesto de que el sistema comunicativo tiene una cierta autonomía respecto del sistema político pero que no es absoluta, ya que deben armonizar de alguna manera sus acciones. Esto implica que no se puede modificar el sistema comunicativo de un país sin tener en cuenta su evolución histórica y el contexto social y político en el que se inserta. A partir de ello, los autores distinguen tres modelos de relación entre comunicación y política: modelo pluralista polarizado (o del Mediterráneo), modelo democrático corporativo (o del centro o del norte de Europa) y modelo liberal (o del Atlántico Norte). A partir de este planteamiento, la región latinoamericana estaría emparentada con el modelo mediterráneo, teniendo como una de sus principales características el clientelismo entre medios y partidos (Hallin y Papathanassopoulos, 2002).

La Unión Internacional de Telecomunicaciones o UIT es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Se compone de 193 Estados Miembros, así como de unas 900 empresas, universidades y organizaciones internacionales y regionales. Tiene tres ámbitos de actividad principales, organizados en “sectores” y que desarrollan su trabajo a través de conferencias y reuniones, así como Comisiones de Estudio, las que están integradas por distintos tipos de expertos. Cada Comisión trata un tema específico y sus participantes colaboran para definir los marcos que garantizarán un funcionamiento óptimo de todos los servicios, tanto existentes como futuros, a través del establecimiento de normas técnicas o directrices (Recomendaciones).