Editoria Plataformas Digitales - Pati Peña

La incómoda relación con las plataformas digitales

Hace unos días Copesa S.A., empresa editora de La Tercera y LaCuarta.cl, ha presentado una demanda contra Google (parte del conglomerado de Alphabet), en el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) por abuso de posición cuasi monopólica.

En específico: “por abusar de su posición cuasi monopólica en los mercados de búsquedas y de publicidad asociada a las búsquedas, ejecutando prácticas anticompetitivas explotativas, exclusorias y de competencia desleal en los mercados de publicación de diarios/noticias en línea y prácticas anticompetitivas explotativas, exclusorias y de competencia desleal en los mercados de tecnología de publicidad”, resume la demanda difundida en medios periodísticos.
 
Se trata de la primera acción de este tipo que ocurre en América Latina, de parte de un consorcio de medios en contra del gigante tecnológico, y el qué va a pasar con esta demanda puede ser un precedente, o no; especialmente  en relación a  la pregunta si es el TDLC la institucionalidad más adecuada para ver este tipo de demanda y qué tanto es necesario una nueva institucionalidad convergente para abordar estos desafíos.

Este tipo de acciones, se suma  a lo que ya ha ocurrido en Europa, donde más de 30 medios europeos han iniciado también una demanda por más de 2 mil millones de euros en contra de Google, por las pérdidas que les ocasiona al negocio publicitario.
 
La relación de los medios periodísticos digitales se vuelve incómoda con las plataformas digitales, tanto las de los motores de búsqueda como las de redes sociales, que ya no son solo “kioskos digitales” -es decir vitrinas intermediarias de las cuales fueron poco a poco generando una relación de dependencia- sino porque actualmente son su principal competidor en el “quién se queda con la tajada publicitaria”.
 
Recordemos que desde hace más de 4 años, el Informe Digital News Report desarrollado por el consorcio Reuters Institute y la Universidad de Oxford, viene marcando la tendencia que indica que las personas en todo el mundo, aún más en América Latina y en Chile, se informan noticiosamente por plataformas de redes sociales.
 
El consumo informativo en sí está cambiando y ha transmutado en las últimas décadas a nuevas conductas y prácticas de las audiencias digitales: suscribir a las lógicas de selección que rankea un buscador o a las lógicas de algoritmos de la plataforma en la que se consuma contenido, y aún más información.

El sentido mismo de “informarse” está cambiando porque no solo se trata del consumo, visionado, lectura o escucha de “noticias”, generado por medios y por periodistas, sino que de contenidos que para las personas, desde jóvenes a mayores, son significadas o interpretadas como información, ya sea importante para su vida cotidiana o simplemente por interés y hasta una mezcla honesta de “copucha” (rumor), como se dice en chileno.

El punto es que cada vez más ese contenido informativo es producido por miles y millones de influencers, que se autodefinen como “generadores de contenidos”. Desde aquellas/os que en estos días lanzan teorías y sus interpretaciones sobre lo que está pasando con la realeza británica, hasta aquellos/as que difunden sus afirmaciones sobre el proceso del censo poblacional que se realiza en Chile.
 
Por ello, a meses que UNESCO ha lanzado y presentado su Propuesta de Directrices para una gobernanza de plataformas digitales y que en Santiago se realice próximamente la Conferencia Global de Libertad de Prensa, el debate sobre esta incómoda relación entre plataformas digitales y los medios informativos importa y mucho.

La palabra regulación es compleja en momentos que la defensa de la libertad de expresión es clave frente a discursos negacionistas y de odio; aún más en el contexto de la crisis de sostenibilidad de medios periodísticos y medidas en contra de la existencia de medios públicos. La pregunta siempre vuelve a abrir otras preguntas: qué tipo de institucionalidad se hará cargo de esa regulación (en países como el nuestro), cuándo deberá actuar y sobre qué tipo de situaciones o abusos, o bien cómo serían los alcances o consecuencias de esas decisiones y con beneficio para quién o para quiénes dentro del ecosistema de medios de comunicación.

Por Patricia Peña, marzo de 2024.

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