La reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se encuentra tramitando el parlamento mexicano elimina siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) creado en 2013 para sustituir al COFEFE tras la reforma constitucional de 2011.
Se trata de una propuesta que implica un importante cambio en el diseño institucional y que llega después de la controvertida aprobación de la reforma al sistema judicial. Está por ver si, tras la aprobación en primer trámite en agosto en la Cámara de Diputados, esta reforma institucional se concreta o si el cambio presidencial de AMLO a Sheinbaum supone un cambio en la postura de Morena.
En la última etapa de su mandato, AMLO ha arremetido contra el sistema de órganos autónomos que se había consolidado en México y que se consolidaron como referentes para otros países de la región.
Para el presidente estos organismos tienen un coste excesivo, de unos MX$1.000 millones anuales para realizar labores que puede realizar el propio gobierno federal lo que permitiría destinar esos recursos a financiar las pensiones del bienestar.
Pero además los ha calificado como un símbolo del neoliberalismo y dedicado expresiones como “no sirven para nada”, “Son autónomos del pueblo, no de la oligarquía” y acusó que “se fue creando una burocracia dorada” con elevados sueldos en algunos casos mayores al del propio mandatario.
En sintonía con lo anterior, el ejecutivo desarrolló un plan de acción, denominado 100 pasos para la Transformación, con su estrategia para extinguir los órganos autónomos. En el caso del IFT esto supondría que sus facultades y trabajadores pasarían a Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), es decir volver al antiguo modelo de competencias centralizadas en el poder ejecutivo, y que está presente en muchos países de la región, como es el caso de Chile con la SUBTEL.
Conforme ha avanzado este plan el IFT ha hecho pública su posición destacando la importancia de contar con organismos autónomos del gobierno y algunos de sus logros, entre ellos la disminución de precios para los consumidores y la mejora de los servicios de telecomunicaciones por la mejora de la competencia en los mercados, así como la ampliación de la oferta de radio y televisión con la entrega de nuevas concesiones, incluidas 32 a pueblos indígenas.
Según este organismo “se han logrado ahorros a los usuarios por un equivalente a 805 mil millones de pesos, por lo que por cada peso de presupuesto asignado se han generado 44 pesos de beneficio social”.
Este episodio pone de relieve los debates y factores críticos alrededor de la implantación de organismos reguladores autónomos. El desarrollo de este modelo se ha presentado como una mejora de la regulación y supervisión en sectores como las telecomunicaciones, mediante órganos colegiados autónomos, aunque no exentos del riesgo de ser capturados por el poder político o el económico y no responder a la legitimidad democrática del voto popular.
En México su implantación fue fruto de un consenso político que ahora se rompe, en el momento de mayor desarrollo del modelo. El plan del Gobierno de AMLO ha dirigido sus críticas a los organismos autónomos desde la perspectiva de la eficacia, sosteniendo que el poder ejecutivo puede hacer esas funciones con menor coste de recursos públicos y, desde una perspectiva ideológica, argumentando que este modelo responde a una lógica neoliberal.
En mi opinión este discurso es en realidad una excusa y el problema de fondo es la tensión en torno a la distribución del poder. El modelo de reguladores autónomos o independientes supone restar al poder ejecutivo facultades que tradicionalmente ejercía; por ejemplo, la decisión de otorgamiento de concesiones de espectro radioeléctrico o la fiscalización del funcionamiento de servicios de telecomunicaciones. La propuesta de reforma de AMLO lo que busca es concentrar más poder y funciones en el Ejecutivo.
Por Javier García, septiembre e 2024
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