En Chile podemos identificar actualmente la circulación de distintos discursos públicos en torno a la digitalización. Estos discursos son también agendas, toda vez que quienes los detentan -hacedores de políticas, consultores, empresas, comunidad técnica, políticos, academia y sociedad civil-, son agentes que desarrollan acciones e intentan incidir en la toma de decisiones en torno a sus temas de interés. Esas agendas remiten de manera directa o indirecta a la convergencia digital desde una perspectiva regulatoria.
Algunas que podemos identificar son las siguientes:
Agenda 1: La Ley de Telecomunicaciones está obsoleta; no responde a los desafíos actuales, sus procedimientos administrativos son largos y pesados. Pero no me cambien el formato: sigamos anclados a un ministerio, que es la única forma institucional que ha tenido Chile en el tema, pero centrado en la dimensión económica de la digitalización.
Agenda 2: Necesitamos volver a poner en el centro a las personas. La digitalización trajo consigo unas promesas de democratización de las tecnologías y de la comunicación que se han ido convirtiendo cada vez más en una distopía. El reconocimiento de internet como servicio público no promueve por sí solo el desarrollo de proyectos de internet desde una perspectiva comunitaria o del procomún.
Agenda 3: Las personas en Chile ya no se informan por los medios tradicionales, sino que principalmente a través de redes sociales y medios digitales y el país es uno de los que menos nivel de confianza tiene en los medios. Por otro lado, las plataformas digitales están usando IA para generar información con la consecuente disminución del tráfico hacia los sitios de noticias. ¿Qué implican estas tendencias en la formación universitaria de comunicadores? ¿A qué formas de financiamiento del trabajo informativo se dirigen estas transformaciones?
Agenda 4: Necesitamos que la ley otorgue más competencias para regular los contenidos de las plataformas de streaming. No es posible que la gente pueda decir y hacer lo que quiera en los programas de TV por Internet y que no puedan ser sancionados por vulnerar la dignidad de las personas o incluir la participación de niños o adolescentes en actos reñidos con la moral, buenas costumbres o la dignidad humana.
Si ponemos frente a frente estas distintas agendas, surgen preguntas que requieren respuestas complejas:
¿Cuál es la evidencia de que un ministerio centrado únicamente en los aspectos económicos de la digitalización da mejores garantías de institucionalidad que un regulador autónomo con una mirada convergente? ¿Ampliar las facultades del CNTV sin cuestionar el sistema de designación de sus miembros? ¿Quién se hace cargo de las preguntas vinculadas a la diversidad cultural y la promoción de los contenidos nacionales en las plataformas? ¿Qué institucionalidad se hace cargo de exigir transparencia a las plataformas digitales que operan en Chile respecto a sus criterios de moderación de contenidos cuando vulneran derechos fundamentales? ¿La población cuenta con acceso a recursos suficientes y adecuados de alfabetización mediática?
Necesitamos con urgencia generar espacios de diálogo intersectorial para afrontar los desafíos regulatorios con altura de miras. Que estos distintos agentes salgan de su zona de confort y empiecen a conversar desde sus distintas posiciones para llegar a acuerdos. Hoy los parches son insuficientes para resolver los nudos institucionales y es necesario plantear cambios de largo plazo, ya que los desafíos tecnológicos de presente y futuro necesitan Estados presentes y proactivos. El propósito del proyecto #regulaciónconvergente es contribuir a este diálogo desde la evidencia, para que Chile no se quede atrás en estas transformaciones que ya están ocurriendo en otros países.
Chiara Sáez, junio de 2025.
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