En un contexto donde plataformas digitales concentran la información, la publicidad y la atención, la ausencia de un marco regulatorio plantea preguntas urgentes. “¿Quién vela por la diversidad cultural del país?, ¿quién protege a las audiencias?, ¿quién garantiza que nuestras historias sigan circulando en medio del ruido global?”, escribe Diego Cáceres Bustos, estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile.
En Chile hablamos mucho de digitalización, pero poco de lo que significa para la cultura. El debate público se centra en la velocidad de conexión o en la expansión de las plataformas, como si lo digital fuera solo infraestructura. Sin embargo, este fenómeno también transforma los modos en que se crean, circulan y reconocen nuestras expresiones culturales. Detrás de cada algoritmo hay una forma de organizar la conversación pública, de producir sentido y de construir comunidad.
Mientras la radio, la televisión y los servicios digitales se entrelazan en una misma pantalla, nuestras instituciones siguen funcionando como si fueran mundos separados. El CNTV regula la televisión, SUBTEL las telecomunicaciones y el MINCAP los contenidos artísticos. Tres organismos distintos para un ecosistema interconectado que ya no reconoce esas fronteras. En esa coordinación múltiple se abren vacíos que las plataformas globales llenan con sus propias reglas, diseñadas lejos de nuestra lengua, sensibilidades e intereses locales.
Chile no posee una institucionalidad que piense en la convergencia, el proceso bajo el cual la digitalización reúne o integra los mundos del audiovisual, las telecomunicaciones e internet, como ocurre con varias radios hoy en día, que mantienen sus emisiones AM o FM pero al mismo tiempo realizan streamings por la web, producen podcasts y emiten videos con contenidos en vivo y programas en formato audiovisual.
En un contexto donde las plataformas concentran información, publicidad y atención, la ausencia de un marco común genera preguntas urgentes: ¿quién vela por la diversidad cultural del país?, ¿quién protege a las audiencias?, ¿quién garantiza que nuestras historias sigan circulando en medio del ruido global?
Hablar de regulación convergente no es un asunto técnico, es una conversación sobre democracia y soberanía cultural. Significa repensar el rol del Estado no como espectador, sino como garante de una comunicación plural, diversa y transparente. Significa entender que la regulación también es política cultural y, sobre todo, cultura política, que define qué voces son escuchadas o no. Es pensar en políticas públicas que fortalezcan la producción cultural local frente a las grandes plataformas y que establezcan reglas claras para su funcionamiento. La convergencia regulatoria implica actualizar los marcos normativos para que los derechos y principios que rigen a los medios tradicionales también lo hagan en el entorno digital.
Desde el proyecto Fondecyt Regulación Convergente, un grupo de investigadoras e investigadores ha buscado abrir ese debate, comparando experiencias internacionales y proponiendo caminos para que Chile piense su propio modelo. No se trata de copiar marcos regulatorios, sino de imaginar una arquitectura propia, que integre gobernanza, diversidad y derechos digitales en una misma mirada.
En otros países como Canadá, Colombia o México, la institucionalidad convergente fue la respuesta a un cambio de época con la llegada de las plataformas digitales y su influencia en el mundo de las telecomunicaciones y la radiodifusión. En Chile, todavía parece una conversación pendiente. Y en tiempos de plataformas globales, ese relato enfrenta la tensión entre lo tangible de nuestras instituciones y lo intangible de nuestras memorias digitales. Ha llegado el momento de reconocer que el desafío no es solo el avance legal sino también institucional.
Chile necesita una institución que pueda regular la industria cultural en el país, que engloba estos tres sectores: Telecomunicaciones, Audiovisual y plataformas digitales, desde una perspectiva autónoma y diversa. Pero primero debemos instalar el debate de una soberanía y una gobernanza cultural basada en fomentar nuestra identidad, representación y diversidad.
Este texto fue seleccionado en la convocatoria de Palabra de Estudiante PP36 para ser publicado en el sitio web de la Revista Palabra Pública.
Por Diego Cáceres Bustos | Foto principal: Cloudette/Pexels
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