El cierre de la Corporación para la Radiodifusión Pública de Estados Unidos (CPB, por sus siglas en inglés) no comenzó con una firma en el congreso estadounidense, sino con un adjetivo en una red social. Así lo podemos ver después que Donald Trump ordenara el fin de la financiación federal, lo que está conduciendo al cierre de más de 1.500 emisoras locales y al aumento crítico de la brecha informativa en las zonas rurales. Lo que inició como un ataque retórico, hoy es una realidad institucional que desmantela el derecho a la información.
El martes 25 de marzo de 2025, el Presidente Donald Trump acusó a los medios públicos National Public Radio (NPR) y Public Broadcasting Service (PBS) de ser sesgados e innecesarios. Bajo la premisa de que su gobierno recibe cobertura suficiente de los medios privados, afirmó en Truth Social que financiarlos era “un desperdicio de dinero” y que el Congreso debía quitarles el presupuesto “inmediatamente”. Este llamado se transformó en una embestida política: “Republicanos, no pierdan esta oportunidad de librar a nuestro país de esta gigantesca estafa… ¡SIMPLEMENTE DIGAN NO Y HAGAN QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE DE NUEVO!”.
Dentro del Congreso, legisladores republicanos reprodujeron el mensaje pidiendo el “desmantelamiento puro y simple” de la CPB. Pero el ataque es bidimensional: mientras el legislativo recortaba los 1.100 millones de dólares que sostienen a las emisoras públicas locales, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), bajo la dirección de Brendan Carr, comenzó a operar como un brazo de presión política.
Este giro en la cultura política de la FCC ha redefinido el “interés público”. La agencia ha pasado de ser un protector del pluralismo a un organismo que utiliza amenazas sobre las licencias de transmisión como herramienta de vigilancia contra medios críticos. Es una pinza perfecta: se asfixia financieramente a los medios públicos locales mientras se les somete a una presión regulatoria hostil.
Si bien los ingresos de NPR y PBS no dependen exclusivamente del Congreso, la CPB es el pulmón de las radios y televisiones públicas locales. El recorte afecta directamente a más de 1.500 cadenas administradas localmente. Aquellas ubicadas en lugares aislados o inhóspitos, como Alaska por ejemplo, donde la radio es un servicio esencial de emergencia y compañía, hoy enfrentan un futuro oscuro.
La mayoría de los empleados de la CPB perdieron sus puestos a finales de septiembre, para el cierre del año fiscal 2025. Un pequeño equipo de transición ha continuado hasta enero de 2026 para asegurar un cierre “ordenado”, pero el daño ya está hecho: la creación masiva de “desiertos de noticias” donde la diversidad cultural y étnica de grupos marginados pierde su única ventana de visibilidad.
Este es un ejemplo claro del poder de la palabra presidencial para instalar narrativas que justifican medidas antidemocráticas. Los medios públicos no son un lujo; son fuentes de confianza para comunidades que el mercado ignora y brindan un contrapeso necesario frente al poder económico del ecosistema mediático.
Emitir un discurso estigmatizante que disfraza de “sesgo” lo que es periodismo pluralista es, en realidad, un mecanismo de censura. La violencia comunicacional está al alza y se utiliza desde el poder ejecutivo y legislativo aprovechándose del sistema democrático para socavarlo. Trump da a entender a través de su discurso que los medios públicos deberían centrarse en cubrir las acciones de su gobierno, lo que es un planteamiento equivocado del rol de los medios públicos.
La violencia comunicacional no es un fenómeno abstracto; tiene oficinas que cierran, periodistas que pierden su empleo y ciudadanos que quedan a oscuras. Defender los medios públicos no es defender un gasto, sino proteger la infraestructura mínima necesaria para que la democracia no sea solo un privilegio de las grandes urbes. Debemos comprometernos con una comunicación respetuosa, responsable y pluralista para una democracia más firme y pacífica.
Por Diego Cáceres Bustos, enero de 2026.
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