Durante tres jornadas en la Universidad de Chile, académicos, reguladores y sociedad civil discutieron qué instituciones necesita la región ahora que la televisión, las telecomunicaciones e Internet funcionan como un solo sistema.
La protección de la infancia en entornos digitales, la autonomía de los organismos fiscalizadores y la dependencia tecnológica de América Latina frente a la inteligencia artificial ordenaron las más de veinte sesiones del encuentro.
Investigadores de América Latina, Europa y Estados Unidos expusieron en Santiago sus análisis sobre la regulación de plataformas digitales, inteligencia artificial y medios de comunicación. La Conferencia Internacional “Gobernanza y Regulación Convergente de las Comunicaciones en la Era Digital: Instituciones, actores y factores críticos en el contexto latinoamericano“, realizada entre el 2 y el 4 de septiembre, convocó además a reguladores, actores de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
El encuentro, realizado en formato híbrido en el Complejo VM20 de la Universidad de Chile, fue organizado por el proyecto Fondecyt 1230748 que dirige la académica Chiara Sáez, socióloga y doctora en Comunicación, junto a los co-investigadores Patricia Peña, de la misma universidad, y Javier García, de la Universidad de Las Américas. Las ponencias llegaron desde instituciones de trece países.
La convergencia alude a un cambio de fondo en el sector. Durante décadas, la radio, la televisión y la telefonía tuvieron leyes y organismos fiscalizadores separados, porque cada servicio usaba su propia infraestructura. Hoy una misma empresa puede producir contenidos, operar redes y administrar plataformas, y ninguna institución abarca por sí sola ese escenario.
“Creo que conseguimos nuestro propósito, que era convocar a múltiples partes a la conversación sobre la gobernanza digital y ver las distintas aristas de este desafío para la sociedad y la democracia, además de la necesidad de que haya más espacios de coordinación entre instituciones y asociaciones para seguir conversando sobre esto en Chile, afirma la Dra. Sáez.
Infancias frente a las plataformas
El uso diario de redes sociales y plataformas digitales en Chile promedia entre tres y cuatro horas, un nivel que Sáez compara con el que tuvo la televisión en su época de mayor consumo. Las medidas vigentes, como la eliminación de teléfonos en las salas de clases y el control parental, recaen sobre las familias y el sistema escolar, sin que ninguna norma obligue a las empresas a modificar el diseño de sus productos.
En la mesa dedicada a niñas, niños y adolescentes, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, expuso que cerca del 60% de los menores de edad que usan entornos digitales ha vivido experiencias negativas, según la encuesta Kids Online. En el último año, las denuncias por explotación sexual infantil subieron 73% y, en cerca del 40% de los casos atendidos por la Defensoría, el primer contacto del agresor ocurrió en el mundo digital.
El defensor contrastó ese escenario con las restricciones de horario y publicidad que rigen a la televisión y la radio, mientras en plataformas como YouTube Kids han aparecido avisos de alcohol y cigarrillos. “Estas plataformas no se exponen a sanciones por el solo hecho de exponer un contenido, y al final la excusa que tienen es que se trata de un fallo de programación. Ahí sí necesitamos una reforma legal”, sostiene Quesille.
María José Labrador, del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, planteó extender la ética periodística hacia los algoritmos, la publicidad y los creadores de contenido. Soledad Suit, directora de CNTV Infantil, describió el comité de niñas y niños de entre 7 y 11 años que revisa desde 2022 los contenidos que programan, cuyo canal de YouTube supera los 950.000 suscriptores. “Las niñas y niños no distinguen tan fácilmente cuando un contenido es artificial, cuando no está hecho por humanos sino por una máquina. Ahora hay que hacer alfabetización sobre inteligencia artificial”, explica Suit.
Rayen Condeza Dall’Orso y Myrna Gálvez Johnson, de la Pontificia Universidad Católica, revisaron el policy paper sobre gobernanza de plataformas que el Núcleo Transdisciplinario de Regulación de la Convergencia Digital de la Universidad de Chile presentó en junio, que toma como referencia las Directrices Unesco para la Gobernanza de las Plataformas Digitales, documento presentado la Unesco en 2023.
Algoritmos y decisiones automatizadas
Pedro Cea Saavedra, de la Universidad de Chile, analizó el caso Mobley v. Workday, una demanda colectiva en Estados Unidos que cuestiona si una plataforma de gestión de talento actúa como agente del empleador al descartar postulantes de forma automática. La pregunta de fondo es quién responde cuando un sistema de selección discrimina, el proveedor del software o la empresa que lo contrata.
Ese caso ilustra una dificultad que atraviesa la regulación de plataformas. Los algoritmos que deciden qué contenido ve cada usuario o qué currículum avanza en un proceso de selección son secretos industriales, y los reguladores deben pedir apertura sobre su diseño sin vulnerar la propiedad intelectual de quienes los desarrollan. “El problema de las plataformas es un problema de transparencia de los algoritmos y de hasta qué punto deben ser transparentes sin que eso afecte el secreto industrial”, plantea la Dra. Sáez.
Instituciones con autonomía
OBSERVACOM y el proyecto Fondecyt 1230748 presentaron el informe “Institucionalidad para la regulación de grandes plataformas digitales”, que analiza Brasil, Colombia, Chile y Uruguay a partir de las directrices de la UNESCO. Su autora, María Capurro Robles, coordinadora de proyectos de OBSERVACOM, lo elaboró junto al equipo Fondecyt 1230748, con apoyo de la UNESCO y financiamiento de la Unión Europea.
El diagnóstico describe un debate incipiente en la región, salvo en Brasil, limitado a medidas sectoriales y con organismos fiscalizadores que actúan como espectadores, sin competencias sobre el entorno digital. Capurro citó el caso de Colombia, donde la discusión sobre niñez en entornos digitales partió con un proyecto que fijaba obligaciones para las empresas. “Lo que se aprobó fue una ley que no permite hacer casi nada, porque las obligaciones no están en la ley. Terminan siendo normativas que no tienen dientes”, precisa Capurro.
El informe propone coordinar a los distintos organismos bajo principios comunes basados en derechos humanos, ampliar sus competencias por etapas, comenzando por los servicios de streaming, y crear centros de transparencia vinculados a universidades para supervisar a las plataformas. Sergio Pinto Briones, de la oficina de la UNESCO en Santiago, sostuvo que esos organismos requieren independencia frente a gobiernos y empresas, junto con recursos, datos y capacidades técnicas.
Eliana Rozas, presidenta del Consejo Nacional de Televisión, aportó datos del organismo sobre el primer semestre de 2026. La televisión abierta concentra en promedio un tercio del consumo audiovisual en el hogar, aunque entre las personas de 4 a 34 años su participación baja a entre 15% y 21%. “Convergencia es una palabra paradójica. Pareciera que la convergencia tecnológica, producto de la digitalización, ha traído consigo una dilución de la convergencia humana”, afirma Rozas.
Soberanía digital desde el sur
La conferencia de cierre estuvo a cargo de Kenzo Soares, investigador residente del Information Society Project de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, quien revisó el intento del gobierno de Brasil por construir una nube soberana para los datos públicos. Una de las empresas estatales a cargo montó su nube sobre servidores de Huawei, Amazon y Oracle.
La otra, Dataprev, operó centros de datos propios que en un año y medio estuvieron 1.466 horas fuera de servicio y dejaron sin transferencias a 1,7 millones de personas. “Cuando el Estado compra capacidad tecnológica, consigue funcionamiento sin autonomía. La soberanía que funciona no es soberana, porque depende de las big tech extranjeras, y la que es soberana, porque es estatal y nacional, no funciona”, explica Soares. Para el investigador, la salida pasa por una soberanía digital construida desde movimientos sociales y organizaciones de trabajadores, como los sindicatos de actores y guionistas de Hollywood que negociaron límites al uso de inteligencia artificial generativa. El debate tendrá continuidad en el monográfico N°55 de la revista Comunicación y Medios, con publicación prevista para junio de 2027.
Texto por Luis Francisco Sandoval, Agencia S&M Comunicaciones.
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