Las repercusiones de las acusaciones contra la empresa tecnológica Meta, por diversas intervenciones o injerencias para desfavorecer la visibilidad de las cuentas de redes sociales del entonces candidato Lula da Silva, suman evidencia a los cuestionamientos sobre el rol que tienen las plataformas digitales en su responsabilidad de cuidar la integridad de la información en procesos democráticos, como lo es una elección presidencial.
En agosto, Amnistía internacional ya había advertido que, a partir de un experimento que desarrollaron, la plataforma había aceptado anuncios con mensajes con apología a un golpe de estado, o que desinformaban con datos errados sobre quiénes eran los candidatos, además de sobre cómo votar.
Una semana antes del balotaje que definió las elecciones presidenciales de Brasil, la investigación periodística del diario Folha de Sao Paulo, reveló que trabajadores de la gigante tecnológica admitieron, en mensajes internos, que habrían activado restricciones que perjudicaron directamente las cuentas o contenidos asociados al candidato Lula Da Silva y de otros en la contienda, mientras que el algoritmo de Instagram y Facebook recomendaba el perfil de Flávio Bolsonaro.
Semanas antes, varios perfiles de influencers denunciaban que, por ejemplo, al buscar los hashtags “Lula” o “Lula da Silva”, no aparecía la cuenta creada con el propósito de posicionarlo en Instagram y Facebook. Frente a esta serie de denuncias, el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil dictaminó un fallo que prohibió a la empresa restringir, sin justificación, el alcance de los contenidos políticos en sus plataformas. La gigante tecnológica se defendió de estas acusaciones, señalando que se habrían producido por fallos técnicos internos.
Tras esta escalada de acusaciones, un grupo de relatores especiales en Derechos Humanos, de carácter independiente y nombrados por el Consejo de DD.HH. de las Naciones Unidas, emitió un comunicado conjunto llamando a la empresa a “proteger la expresión política y garantizar un recurso efectivo”, afirmando que “las plataformas en línea son actores clave en el debate democrático. Impedir que las personas se expresen o lleguen a sus audiencias sin explicación afecta a quien es escuchado”.
Los mecanismos de moderación de contenidos de las plataformas digitales de redes sociales y otras, funcionan a través de varios modelos algorítmicos que definen a qué contenidos se les da más visibilidad o viralidad, o no; siendo además una caja negra para las millones de personas que las utilizan a diario.
Esta controversia también abre un debate necesario sobre los algoritmos como sujetos tecnopolíticos y sobre la necesidad de impulsar un enfoque de gobernanza digital en el que exista rendición de cuentas y transparencia por parte de las empresas tecnológicas propietarias de las plataformas, tal como lo establecen las Directrices de la UNESCO en esta materia.
Patricia Peña, noviembre de 2026.
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