Columna de nuestra investigadora principal, Chiara Sáez, publicada originalmente en el medio Circuito, iniciativa de información y análisis sobre la intersección entre democracia y redes sociales en América Latina.
Este domingo 17 de diciembre se vota por segunda vez un plebiscito de salida del Proceso Constitucional en Chile, que busca reemplazar a la actual Constitución, luego del rechazo al texto redactado por la Convención Constitucional en el plebiscito de 2022.
La posibilidad de una nueva constitución fue la opción mayoritaria votada en plebiscito por la ciudadanía en 2020 como respuesta a la crisis que generó el estallido social de 2019. Visto hoy, la Convención Constitucional fue una anomalía en relación a la historia del país: un órgano compuesto de manera paritaria, con una abrumadora mayoría progresista y de izquierda, incluyendo partidos con baja representación parlamentaria, colectivos políticos y movimientos sociales.
Desde sus inicios la Convención fue carne de desinformación que circuló copiosamente en redes sociales y sistemas de mensajería —amplificada en ocasiones por medios tradicionales—, así como de violencia digital de género hacia las mujeres que fueron electas como representantes. Ambos hechos han sido documentados por la prensa nacional e internacional, así como por encuestas a las y los convencionales y estudios de opinión pública.
Una muestra de esto es que en septiembre pasado, el Servicio Electoral (Servel) sancionó a Google por no brindar la información requerida sobre quiénes o qué entidades contrataron propaganda electoral en su plataforma durante el plebiscito del 2022, así como por no transparentar los montos involucrados en dichos acuerdos. La multa fue de aproximadamente 6,600 dólares, un monto ínfimo considerando el nivel de ganancias de la empresa, pero que puso en debate los vacíos legales para contrarrestar la difusión de desinformación en contextos electorales.
El proceso constitucional que culmina este domingo ha sido muy diferente. En primer lugar, su gestión obedeció mucho más a las lógicas de la política tradicional. Una comisión experta aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado desarrolló un anteproyecto del texto constitucional, el cual fue trabajado por el Consejo Constitucional y por un Comité Técnico de Admisibilidad para garantizar que no se infringieran las bases institucionales establecidas en 2022. A diferencia del proceso anterior, este tuvo una mayoría de derecha, incluyendo partidos de extrema derecha.
Según el presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle, en este proceso ha circulado menos desinformación que en el anterior. En esta observación coincide la agencia Fastcheck, que cuantificó un 83,6% menos de desinformación que en el proceso de 2022. Estos datos permiten pensar en algunas hipótesis sobre el origen, dirección y financiamiento de la información falsa que la investigación académica deberá terminar de determinar. Paradójicamente, todas las encuestas vaticinan el rechazo de este nuevo texto también.
En paralelo al itinerario institucional, Camila Vallejo, ministra secretaria general de Gobierno, anunció la incorporación de Chile al Hub Mis-and-disinformation, un grupo de trabajo de la OCDE sobre desinformación que tiene dentro de sus objetivos el intercambio de buenas prácticas y medidas efectivas contra la desinformación, entendida como una amenaza para la democracia
Como parte de la implementación de estos compromisos, en mayo de 2023 se creó por decreto presidencial una “Comisión Asesora contra la Desinformación” de carácter temporal y con el objetivo de asesorar a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y a la ministra Secretaria General de Gobierno en materias relacionadas con el análisis del fenómeno global de la desinformación y su desarrollo en Chile.
El organismo estuvo compuesto por nueve personas expertas representantes de universidades públicas, privadas y regionales, así como de organizaciones de la sociedad civil y de fact-checking. Su responsabilidad fue abocarse al impacto de la desinformación en la calidad de la democracia, alfabetización digital, sus dinámicas en plataformas digitales, buenas prácticas internacionales y políticas públicas.
Una vez anunciada su creación, la sola idea de una Comisión Asesora generó críticas, resistencias y temores de algunos sectores respecto a una supuesta vulneración a la libertad de prensa. Incluso el Senado hizo un requerimiento al Tribunal Constitucional, el cual fue rechazado. También hubo académicos universitarios buscando cerrar el debate incluso antes de abrirlo. Son evidencias de la dificultad que aún hay en Chile para debatir con altura de miras los desafíos para la libertad de expresión en el actual contexto social, informacional y tecnológico. Por su parte, la comisión recibió apoyos internacionales importantes, como el de Irene Khan, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y el de Julio Bacio Terracino, jefe de la División de Integridad del Sector Público de la OCDE.
La comisión presentó dos informes. El primero, publicado a finales de agosto, fue un diagnóstico general sobre el fenómeno de la desinformación en el mundo y en el contexto chileno. El informe final, dado a conocer el 4 de diciembre, destaca la amenaza de la desinformación en redes sociales y propone 72 recomendaciones, entre ellas: fortalecer la cooperación con las instancias de la gobernanza internacional que están abordando el problema; lineamientos al Estado respecto de procesos electorales, ciberseguridad y salud pública; diversas medidas de alfabetización informacional, mediática y digital; y medidas para el fortalecimiento de los medios y la investigación sobre la desinformación.
Se trata, en síntesis, de un informe con recomendaciones en 360 grados, que toca múltiples aspectos de este fenómeno. El documento asume que la desinformación no es solo un problema para la democracia, sino que también es una gran industria y por lo mismo se le debe abordar en varios niveles, con estrategias de regulación, corregulación y autorregulación.
Al revisar el texto, prácticamente no se habla de crear nuevas leyes, mucho menos leyes orientadas a controlar la prensa tal como habían predecido sus peores agoreros, sino más bien se diversifica en variadas iniciativas que puede y debe promover el Estado. Además, el informe asume que parte del problema de la desinformación tiene que ver con la precariedad del trabajo periodístico, pero también con plataformas de redes sociales que operan con poca o ninguna fiscalización. El encuadre de los medios tradicionales a los resultados del informe ha estado en la solicitud de mayores atribuciones al Servel. Hasta ahora, las recomendaciones han pasado con poca crítica y polémica, lo cual habla bien del trabajo realizado y del tenor de las propuestas.
Este informe final debe ser visto como un programa de acción sobre el tema, con una mirada país que no debiera finalizar con el cambio de gobierno, sino entenderse como un problema de interés público; es decir, como un bien común para todos, incluso contra un interés privado inmediato, representando un beneficio para la sociedad por encima de satisfacciones individuales. En mayo de 2024 Chile será el país anfitrión de la próxima conferencia global sobre libertad de prensa que organiza Unesco. Es de esperar que este programa de acción contra la desinformación reciba un espaldarazo internacional en esta instancia y permita avanzar en la implementación de las recomendaciones propuestas en el ámbito nacional, regional y global.
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