¿Una nueva ley general de telecomunicaciones, o mejor, una ley (¡y una nueva institucionalidad!) de regulación convergente?

Estas últimas semanas distintos medios especializados han señalado que el subsecretario de Telecomunicaciones ha anunciado la presentación de un proyecto de ley general de telecomunicaciones para Chile (1)(2). 

Si bien, no queda claro el alcance del anuncio, es relevante recordar que la  ley actual tiene más de 40 años y que los desafíos del presente–futuro exceden a las telecomunicaciones y la radio-televisión en su sentido tradicional. 

Si este fuera el escenario, estamos ante una oportunidad para avanzar hacia una regulación de las comunicaciones en clave convergente, tal como ya han realizado otros países de la región y del ámbito internacional, con el consecuente ajuste a nivel institucional. 

Este anuncio se enlaza con el debate que se desarrolló entre 2011 y 2014 a partir del proyecto de ley de una Superintendencia de Telecomunicaciones presentado en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Esta fue una propuesta dentro de una comprensión convergente de las telecomunicaciones, pero insuficiente por varias razones; entre ellas, porque su foco de interés principal era separar funciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

El mensaje presidencial que acompañó el envío de ese proyecto de ley decía: “No parece correcto que quien dicta las normas sea el mismo que las fiscaliza y sanciona” y buscaba reducir “el riesgo de ese fenómeno que se conoce como ‘captura del regulador’”, un concepto acuñado en los ‘70 por el Nobel de Economía George Stigler.

Diez años más tarde, el debate sobre la institucionalidad se ha complejizado debido al propio desarrollo de la convergencia tecnológica y los desafíos que implica. Es por eso que, cualquier cambio en el marco jurídico de telecomunicaciones no puede ser a espaldas a esta realidad.

En nuestro proyecto de #regulacionconvergente estamos observando distintos ejemplos de articulación institucional que combinan de distinta manera la relación entre telecomunicaciones, radio televisión y servicios digitales, tanto en el ámbito latinoamericano como anglosajón y europeo.

Desde la perspectiva de las industrias reguladas, un concepto que aglutina parte importante del debate es el de la “asimetría regulatoria”: generalmente se trata del sector audiovisual tradicional que se considera sobre regulado y en desventaja con respecto a otras industrias, como por ejemplo las plataformas de streaming.

Sin embargo, en nuestra investigación planteamos que si bien la convergencia tecno-mediática es una sola, en ella coexisten al menos 3 sectores: telecomunicaciones, audiovisual y servicios digitales en el sector de las comunicaciones; que todas son distintas; y que el principal riesgo en términos de una regulación convergente es que sea general, pero liviana para todos; y  que finalmente las lógicas de las telecomunicaciones terminen absorbiendo la especificidad de las otras industrias.

En este sentido, nuestro planteamiento es más bien que se desarrolle una regulación asimétrica, pero justa, en el sentido que identifique las especificidades para cada soporte tecnológico, incluyendo obligaciones respecto de los contenidos y del modelo de negocios.

Consideramos que una buena regulación para el escenario convergente debe ser específica atendiendo a las características propias de cada sector, entendiendo a su vez que por la convergencia estas comparten aspectos en común, pero en ningún caso lo último supone exigir iguales responsabilidades.

Desde  la investigación que llevamos adelante como proyecto Fondecyt 1230748 nos permitimos instalar otros aspectos de la discusión en el espacio público y que se vinculan sobre todo con la autonomía e independencia de la institucionalidad encargada de hacer efectiva la regulación del sector.

1. Un organismo colegiado encargado de hacer efectiva la regulación con criterios multicomprensivos de selección y gobernanza. La importancia de contar con buenos y diversos perfiles profesionales, que no solo se restrinjan a ingenieros y abogados; por medio de sistemas combinados de reclutamiento y designación. Mayor autonomía efectiva del organismo a través de una distribución del poder de selección entre varios agentes, no solo el poder legislativo y ejecutivo, como ha sido la tónica hasta ahora en organismos como el CNTV o TVN. 
2. La coordinación interinstitucional. La convergencia tecno-mediática nos está llevando permanentemente a nuevos desafíos regulatorios. Este año, Chile acaba de aprobar la ley de datos personales y la política de ciberseguridad, que implican la creación de nuevos organismos autónomos. Estos ámbitos de intervención pública se tocan en algunos puntos con la institucionalidad reguladora de las comunicaciones, por eso es importante que exista una coordinación formal entre ellos. 
3. Evitar la captura empresarial del regulador. En este punto se requieren medidas más estrictas para evitar la puerta giratoria entre instituciones reguladoras y empresas reguladas. Considerando periodos más extensos de prohibición para pasar de un sector a otro hasta un mejor apoyo desde el Estado a los funcionarios que dejan su función pública al cumplir sus periodos. A modo de comparación, en el caso del CNTV esta prohibición es de 6 meses, mientras que en el caso de ARCOM; el regulador convergente francés, la prohibición es de 3 años.
4. Participación ciudadana vinculante. Se requieren mecanismos institucionales formales y efectivos que aseguren la presencia y participación de las asociaciones de la sociedad civil que no tengan fines de lucro en las decisiones que tome el regulador. 

Por Chiara Sáez, septiembre 2024.